Martín Sifuentes Online. ·UNA FILTRACIÓN QUE SACUDE A LA 4T.

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UNA FILTRACIÓN QUE SACUDE A LA 4T

En política, pocas cosas son casualidad.

Mucho menos cuando se trata de información sensible que cruza fronteras, involucra a gobiernos y aparece publicada en uno de los diarios más influyentes de Estados Unidos. Por eso el reportaje firmado por Kate Linthicum y Steve Fisher para Los Angeles Times no puede entenderse únicamente como una pieza periodística: es, sobre todo, un mensaje político.

La publicación asegura que los gobernadores de Tamaulipas y Sonora, Américo Villarreal y Alfonso Durazo, respectivamente, están bajo investigación por parte del gobierno estadounidense y que sus visas fueron canceladas. La afirmación provocó un terremoto político inmediato. No era para menos.

Steve Fisher, quien domina el español y conoce bien la dinámica política mexicana, dedicó buena parte del día a defender públicamente su trabajo. En todas las entrevistas sostuvo la misma postura: no cambiará una sola letra del reportaje y confía plenamente en las fuentes que le proporcionaron la información, aunque, como es natural en estos casos, se negó a revelarlas.

La cuestión de fondo no es únicamente si la información es correcta o no. También importa preguntarse por qué apareció y por qué ahora.

A diferencia del caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuya polémica surgió a partir de procedimientos judiciales ya formalizados en Estados Unidos, en esta ocasión todo apunta a una filtración proveniente de alguna oficina gubernamental estadounidense. Es decir, alguien con acceso a información reservada decidió hacerla llegar a la prensa con la evidente intención de generar impacto político.

Y el impacto fue devastador.

Porque el reportaje no habla de acusaciones formales ni de procesos judiciales abiertos. Habla de investigaciones. De sospechas. De información que, por definición, debería permanecer bajo reserva mientras no existan conclusiones. Sin embargo, fue colocada deliberadamente en la arena pública.

Más delicada aún resulta la afirmación relacionada con el supuesto uso de permisos especiales para ingresar a territorio estadounidense. Según la versión difundida, ambos gobernadores podrían viajar bajo la figura denominada Significant Public Benefit Parole, un mecanismo excepcional utilizado en determinadas circunstancias de cooperación con autoridades. La insinuación es evidente: que los mandatarios estarían colaborando con agencias estadounidenses.

Una afirmación de enorme gravedad para la cual, al menos en el reportaje, no se presentan pruebas públicas.

La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum fue una mezcla de incredulidad y molestia. La pregunta que lanzó durante su conferencia matutina resume buena parte del debate: ¿cuál sería la intención de retirar una visa y además hacerlo público?

La interrogante cobra relevancia en un momento particularmente sensible de la relación bilateral.

Apenas días antes, la mandataria mexicana había pedido al embajador estadounidense Ronald Johnson mantenerse dentro de los márgenes de la cooperación diplomática y evitar incursiones en la política interna mexicana. No faltan quienes interpretan esta filtración como una respuesta indirecta a ese posicionamiento.

Y es aquí donde el asunto adquiere una dimensión mucho mayor.

A los gobernadores señalados por el diario angelino, se les considera muy cercanos a las estructuras morenistas y cercanos a Palacio Nacional.

Para el morenísimo, el gobernador Alfonso Durazo no es solo un simple gobernador, sino un personaje de peso en la Cuarta Transformación. Fue el Secretario de Seguridad Publica y Proteccion Ciudadana en el sexenio de López Obrador y hay quien lo considera el artífice de la estrategia de “abrazos, no balazos”. Su sola vinculación con el crimen se ve como una macabra ironía e inevitablemente evoca a otro ex secretario de seguridad, fuertemente defenestrado por la 4T y símbolo de la corrupción, Genaro García Luna.

En tanto, según los reporteros de LA Times, al gobernador de Tamaulipas se le investiga por temas relacionados con huachicol, un asunto que ha traído de cabeza a los políticos de esta entidad en los últimos tiempos.

Pero más allá del impacto inmediato sobre los gobernadores, esta filtración enseña una lección incómoda para la política mexicana: Que una oficina del Departamento de Estado pueda decidir qué información llega a la prensa y cuándo, revela un poder blando que va mucho más allá de la cooperación en seguridad.

La ambigüedad de Estados Unidos, por otra parte, no ayuda. Un día elogian la cooperación mexicana; al siguiente, aparecen reportajes que cuestionan la integridad de figuras clave de la administración.

Si Estados Unidos buscaba enviar un mensaje, lo ha logrado con creces. Y el efecto secundario es evidente: fortalece la percepción de vulnerabilidad dentro del propio país, genera tensiones internas y obliga a la 4T a repensar su estrategia de comunicación.

Ahora bien, la pregunta que queda flotando es si la filtración será un episodio aislado o el preludio de un patrón más amplio de intervenciones informativas.

Mientras tanto, Durazo y Villarreal deberán navegar no solo la tormenta mediática, sino la diplomacia cotidiana. Porque, al final, en política como en seguridad, no solo importan los hechos que ocurren: importan los que se perciben, se comunican y se replican.

Y al final, nos queda claro que relación entre México y Estados Unidos seguirá siendo una mezcla compleja de cooperación y desconfianza, de acuerdos estratégicos y mensajes cifrados, de respaldos públicos y presiones discretas.

Un vínculo donde los abrazos diplomáticos suelen convivir con los codazos políticos.